Los registradores analizan la enésima reforma de la Ley Concursal

• La pretendida urgencia o rapidez del procedimiento puede provocar una reducción del derecho de las sociedades y de los socios
• Los registradores han desarrollado un algoritmo capaz de predecir, con una fiabilidad del 97%, las sociedades que terminarán en concurso

València, 24 de enero 2023

El Decanato de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de la Comunitat Valenciana acoge esta martes una jornada sobre la Reforma de la Ley Concursal (Ley 16/2022), en la que participan registradores de distintas partes de España y un magistrado-juez de lo Mercantil.

El objetivo de la nueva reforma, que entró en vigor el pasado 26 de septiembre, es adecuar el derecho español al comunitario, al trasponer la Directiva 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019. Como explica Carlos Orts, decano autonómico de registradores en la Comunitat Valenciana, «esta reforma legislativa supone el detonante de un cambio integral en la situación de los procedimientos de insolvencia en nuestro país, siendo clave para su flexibilización y agilidad y para favorecer los mecanismos pre-concursales, con el fin de facilitar la reestructuración de empresas viables y la liquidación rápida y ordenada de las que no lo son. Se trata de un tema de acuciante interés para muchas empresas, autónomos y particulares, así como para los operadores jurídicos que en él intervenimos».

Rapidez versus seguridad jurídica

En opinión de los expertos reunidos en Valencia, la reforma está contaminada por la idea de rapidez y por ese intento de salvar a todas las empresas que sean viables. Se trata de hacerlo de la forma más rápida posible, para salvar o para liquidar las empresas que entran en concurso. De ahí que se haya implementado nuevos procedimientos telemáticos, formularios normalizados…

En aras a esa pretendida urgencia, cabe sin embargo el riesgo de que derive en una reducción del derecho de sociedades y de los socios. «El hecho de que la propia directiva europea promueva que el derecho de sociedades no estorbe en la aprobación y ejecución de los planes de reestructuración es ya una pista. Se trata de que el derecho de sociedades no estorbe al derecho concursal, si bien hay que tener en cuenta que aquí entran en juego derechos fundamentales. En general, la norma no ha contado con el consenso previo necesario con los registradores, y ello puede dar lugar a contienda judicial, al tocar derechos fundamentales».

Diagnóstico temprano

A partir de la estadística registral y de los libros contables que se presentan cada año en los registros, el Colegio de Registradores ha desarrollado un algoritmo capaz de predecir, con una fiabilidad del 97%, las sociedades que terminarán en concurso si no ponen medidas para evitarlo. Se trata de prevenir antes que curar. Según se recoge en la propia ley, los registradores mercantiles pondrán a disposición del administrador societario que lo solicite un informe sobre la posición de riesgo de la sociedad. Este tema es abordado en una de las ponencias de la jornada, que lleva por título Diagnóstico temprano de la insolvencia: la alarma registral.

Micropymes y autónomos, los más afectados

Según las previsiones que manejan los economistas, parece claro que autónomos y micropymes van a ser los principales afectados en este año que acabamos de estrenar. El número de concursos de acreedores solicitados por autónomos aumentó un 60% de enero a septiembre de 2022. Aproximadamente un tercio de los autónomos acaba ya en concurso de acreedores y se enfrenta a un 2023 con serias turbulencias.

Precisamente el pasado uno de enero entraba en vigor el procedimiento especial para microempresas, más sencillo, ágil y económico. A tal efecto, se ha desarrollado una plataforma tecnológica ad hoc para su tramitación, si bien hasta la fecha todavía no se ha presentado ninguno de estos procedimientos, al menos en Valencia.

Más concursos

La Estadística del Colegio nacional de Registradores muestra que en los tres primeros trimestres del año 2022 el número de concursos alcanzó los 8.880 en toda España. De ellos, 1.140 corresponden a la Comunitat Valenciana, tercera autonomía en número de concursos tras Cataluña y Madrid. Ello sin contar los datos del último trimestre, que todavía no se conocen.

Por su parte, el Consejo General de Economistas de España alertaba a finales del pasado año de un considerable repunte de los concursos de acreedores, que superarán los 10.000 procedimientos, superando incluso el nivel de 2013. Los economistas confían en que una aplicación eficiente de la reforma concursal permita gestionar «con mayor agilidad» este repunte. De cara a 2023, el número de concursos crecerá previsiblemente a un ritmo más bajo, pasando del 20% de incremento previsto para 2022 a un 11% en 2023. Aun estando muy por debajo de la media europea en número total de concursos, no podemos obviar que España cerrará 2022 como el país donde más crece la concursalidad desde 2019.